Cárceles privadas, con los mismos problemas que las públicas: corrupción y drogas

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En 2010, el ex presidente Felipe Calderón lanzó un nuevo modelo de inversión para construir 12 nuevos centros penitenciarios privados y así abatir el hacinamiento y mejorar las condiciones de las personas en reclusión. A seis años de la operación, persisten los mismos problemas que en los centros públicos: autogobierno, tráfico de drogas, prostitución y tratos degradantes.

Así lo concluye el estudio “Privatización del sistema penitenciario en México”, realizado por la Universidad Iberoamericana Puebla, México Evalúa y Due Process of Low, entre otras organizaciones.

De acuerdo con el análisis, la privatización de las cárceles ha sido un proceso opaco, toda vez que se han adjudicado contratos directos que no se dan a conocer vía transparencia por “seguridad nacional”. Además, los inversionistas han mercantilizado a los reos “sin tomar en cuenta los aspectos de reinserción social”.

El documento incluye la investigación sobre nueve de los centros de reclusión construidos con capital privado de 2010 a 2016: el Cefereso 15 de Chiapas, Cefereso Femenil de Ramos Arizpe en Coahuila; el Centro varonil de seguridad penitenciaria I y el II en la Ciudad de México. Cefereso 14, en Durango; Cefereso 12, en Guanajuato; Cefereso Buena Vista Tomatlán, en Michoacán; Cefereso femenil 16 en Morelos; Cefereso femenil 13 en Oaxaca y el Cefereso 11 en Sonora.

La idea de incluir capital privado en la administración de los centros de reclusión (excepto en las tareas de vigilancia y custodia, que sigue a cargo de los gobiernos estatales y Federal) era quitar presión a las finanzas públicas y mejorar las condiciones de los reos a través de una mayor inversión en infraestructura; pero “esta medida parece estar más enfocada a satisfacer las necesidades de las empresas que de las personas usuarias”, dice el estudio.

Los centros de reclusión construidos después de 2010 están focalizados en el modelo de máxima o alta seguridad, lo que permite una mayor inversión en la infraestructura y en las condiciones de seguridad (rejas, puertas blindadas, cámaras de seguridad), pero sin tomar en cuenta los aspectos de reinserción social o de contacto con las familias.

Esto implica problemas para los familiares de reclusos, pues los centros penitenciarios están geográficamente aislados y son de difícil acceso. Uno de los casos que ejemplifica que el modelo de inversión privilegia los intereses de privados por encima de acabar con la crisis de los centros penitenciarios, son el Centro varonil de seguridad penitenciaria I y II de la Ciudad de México.

La construcción de ambos centros representaba una oportunidad para afrontar los niveles de sobrepoblación que va de 49% a 120% en los 12 centros de la ciudad; seis meses después de su apertura, los nuevos centros tienen una ocupación de 23% y 14%, respectivamente. ¿La causa? “Se construyeron centros de máxima seguridad en una entidad donde la mayoría de la población fue sentenciada por el delito de robo”, explica el estudio.

Esto demuestra “una falta de planeación en materia penitenciaria al momento de definir los contratos de construcción desde un enfoque de reinserción social. En lugar de privilegiar las múltiples posibilidades para evitar el uso de la prisión como las medidas alternativas, se decidió construir cada vez más cárceles”.

A esto se suma que las empresas cobran una cuota de mantenimiento al Estado por cada lugar disponible en el centro concesionado; es decir, debe pagar una cuota por la capacidad completa del centro y no por el número de reos. “Esto significa que el gobierno mexicano tiene interés en llenar estos centros porque, de todas formas, tiene que asegurar el pago completo, lo que se ha traducido en casos de traslados masivos hacia los nuevos centros concesionados”, indica el estudio.

Por ejemplo, en los primeros tres meses de operación del Cefereso 16, en Morelos, se trasladaron a mil 339 internas, lo que representa 53% de la capacidad instalada del lugar. Sin embargo, los traslados atentan contra del derecho a ser internadas en centros más cercanos a sus domicilios.

¿Certificación patito?

Como parte de la Iniciativa Mérida (una estrategia entre el gobierno de México y Estados Unidos para el combate del crimen organizado) existe el Programa de correccionales, para mejorar las capacidades del sistema penitenciario mexicano. Entre las estrategias donde intervienen particulares en este tema está la acreditación internacional por parte de la Asociación Americana de Correccionales (ACA).

En abril de 2011, por solicitud del gobierno de México, auditores nacionales y personal ejecutivo de la ACA visitaron algunas prisiones de este país para evaluar su viabilidad para ser acreditadas. De acuerdo con la investigación, hay 14 centros estatales, cinco federales, tres para adolescentes y la Academia Nacional de Administración Penitenciaria (ANAP) acreditados por la ACA.

La ACA incluye 139 estándares internacionales divididos en siete áreas: seguridad, orden, cuidado, programas y actividades, justicia y administración. Sin embargo, en los CERESOS de Chihuahua, la entidad pionera en la certificación, persisten las problemáticas estructurales.

Las organizaciones que realizaron el estudio recabaron testimonios de internos y sus familias entre enero y abril de 2016 en la entidad y detectaron que, como ocurre en otros centros penitenciarios, en las cárceles certificadas de Chihuahua existe hacinamiento, pues hay de seis a ocho personas en celdas individuales.

Los testimonios narran también el autogobierno: “El que controla no son ni los comandantes, ni el director, ahí el que comanda es un jefe alto del narcotráfico” y que las autoridades permiten y promueven la prostitución, al “realizar traslados de internas de la zona femenina a la zona varonil para la realización de fiestas”.

“Se prostituyen las reclusas. Van a las fiestas y los narcos que están ahí, traen lana. Les gusta y luego las piden, le dice a la custodia: ‘me gustó fulana de tal, échamela, échamela’. Luego ahí está tu lana y también a la reclusa”, narran los testigos entrevistados por los investigadores.

El estudio concluye que esta es “una acreditación de papel que deja fuera del proceso la palabra de las personas privadas de la libertad y permite a los centros pagar por una acreditación mediática sin tener que cambiar sus prácticas”.

La opacidad 

La inversión privada en un sector de seguridad ha propiciado la opacidad, como lo denunció la Tercera Visitaduría de la CNDH en 2013. Aunque los investigadores realizaron solicitudes de acceso a la información entre 2013 y 2014, respecto a los contratos, la Secretaría de Gobernación negó la información al clasificarla como “reservada” por “comprometer la seguridad nacional”.

Entre las pocas cosas que la Secretaría de Gobernación respondió está que el gobierno federal ha firmado 223 contratos con empresas privadas para la construcción, operación, mantenimiento y prestación de servicios en los Ceferesos de 2009 a 2014, pero sin informar los detalles.

El modelo público privado en los centros de reclusión, a seis años de implementarse, no ha traído los beneficios que argumentaron las autoridades federales

 

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